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martes, 4 de octubre de 2016

COMUNICADO DE MULTISECTORIAL BARILOCHE.

El Bolsón (ANPP).-LOS JUECES LEGUIZAMÓN PONDAL, JOSS Y RINALDISDECIDIRÁN SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS RESPONSABLES  DEL 17 DE JUNIO. 

A más de seis años de ocurridos  los asesinatos del 17 de junio del 2010 a manos de la policía de la provincia de Rio Negro,  el pasado 23 de septiembre se realizó la audiencia pública en la que los jueces Leguizamón Pondal, Joos, y Rinaldis deberán resolver en esta semana si dan curso al procesamiento de Victor Cufre, Villanova y Hermosa como responsables de los hechos que causaron las muertes de dos jóvenes, de 13 heridos y de 48 hs de estado de sitio ilegal en nuestra ciudad.
Las organizaciones abajo firmantes avalamos el rechazo del recurso interpuesto por la defensa  y la confirmación del procesamiento en cuestión solicitada por el fiscal Martín Lozada y las querellasrepresentadas por las abogadas Marina Schifrin, Natalia Araya y el abogado Miguel Blanco.
Es importante recordar que los imputados ostentaban altísimos cargos en el momento de los hechos: Secretario de seguridad de la provincia, Jefe de la policía provincial y titular de la Unidad Regional 3.
Se pide su procesamiento por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de homicidio culposo, lesiones, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público debido a que:  No ejecutaron las leyes cuyo cumplimiento les incumbía, omitieron adoptar acciones tendientes a disuadir a los manifestantes en forma pacífica agravando la situación al convocar en forma indiscriminada a policías de todas las unidades de la ciudad que no tenían la preparación ni la experiencia para afrontar el caso, causando una agresión armada y desmedida con el uso irracional y desproporcionado de la fuerza policial quienes dispararon con balas de plomo en contra de los vecinos, persiguieron, detuvieron, amenazaron y torturaron a los manifestantes.                                                                                          
En la audiencia, la defensa representada por el abogado Sebastián Arrondo, argumenta insólitamente que no existió ninguna relación de causalidad que vinculara la conducta de los funcionarios imputados con los hechos ocurridos, afirmando a su vez que sus defendidos no pueden ser responsabilizados por hechos en los que no estuvieron presentes.  El juez Calcagno en su pedido de procesamiento señala que :  “Mientras todo esto sucedía, estaban de paseo en la localidad de Bolsón”. Ignorando absolutamente el contexto, la tremenda responsabilidad de estos funcionarios es que  pretendieron manejar lagravísima situación de Bariloche por teléfono.
El abogado defensor, en su pobrísima argumentación, desestima datos objetivos y fundamentales de la investigación como la pericia científica del Dr. Pregliasco, basando sus dichos en un relato delconocido policía Bressan, que es quién sale en fotos difundidas a nivel nacional apuntando a los vecinos con un arma 9 mm.
A esta altura de los hechos,  es absolutamente inconsistente e irresponsable pretender deslindar de responsabilidades a estos personajes.  Al contrario,  consideramos que a los ya imputados hay que agregar a  los principales responsables políticos: El ex gobernador Miguel Saiz y el ex ministro de justicia Larreguy quienes al día de la fecha continúan impunes.                        
Memoria, verdad y justicia es lo que venimos exigiendo desde hace seis años. Para lograr justicia es fundamental  apelar a la memoria y atenerse a la verdad sino jamás se logrará cerrar las heridas de las familias, amigos, y también de toda una sociedad que necesita respuestas.

Doctores Joos, Leguizamón Pondal y Rinaldis: Bariloche está asqueado de ver cómo inexorablemente se reitera el círculo de un sistema que garantiza la impunidad.   
En sus manos está la posibilidad de alcanzar un juicio mínimamente justo, y revertir la historia de un aparato judicial que en muchas ocasiones ha funcionado de espaldas a la justicia.

-          FAMILIARES Y MULTISECTORIAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD EN BARILOCHE.
-          HIJOS BARILOCHE
-          APDH DELEGACIÓN BARILOCHE
-          APDH  NACIONAL
-          COLECTIVO DE MILITANTES POR LOS DERECHOS HUMANOS. EL BOLSÓN.
-      COOPERATIVA LABURAR
-          UNTER SECCIONAL BARILOCHE.
-          CTA RÍO NEGRO
-          ATE SECCIONAL BARILOCHE
-      SUTEPA PAMI
-          MOVIMIENTO PATRIA GRANDE.
-          MALA JUNTA EN EL MOVIMIENTO DE PATRIA GRANDE.
-          CENTRO DE EDUCACIÓN POPULAR  ANTONIO ALAC
-          MOVIMIENTO TERRITORIO REBELDE
-          PROGRAMA RADIO REBELDE
-          FM  LIBRE RADIO COOPERATIVA
-          SITER.
-          MOVIMIENTO CULTURAL ESPARTACO
-          IZQUIERDA SOCIALISTA EN EL FRENTE DE IZQUIERDA.  
-          PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO (PTP).
-          PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO (PCR).
-      MST NUEVA IZQUIERDA

COMUNICADO DE FEDERACIÓN DOCENTE.

El Bolsón (ANPP).-La Federación Docente, CTA rechaza el Aprender 2016. Impulsa Jornada de Lucha el 18 y 19. Docentes, padres y alumnos evaluamos las políticas educativas y los gobiernos

El sábado 1º, en la CTA Autónoma, se realizó el “Encuentro sobre Evaluación Docente” organizado por la Asamblea por la Educación Pública y Popular, al que adhirieron la Federación Nacional Docente, FND-CTA y los gremios que la componen, el IEF, Instituto de Estudios y Formación de la CTA, la Red de Investigadores y Organizaciones Sociales de Latinoamérica (RIOSAL) y dirigentes de gremios y seccionales docentes como SITECH (Chaco), SUTEF (Tierra del Fuego), Ademys (CABA), AMSAFE Rosario, AGMER Paraná y los SUTEBA de Quilmes y Tigre, además de referentes educativos.
Allí se resolvió: 1) Rechazar el operativo Aprender 2016 que convoca el macrismo, con aval de los gobernadores. 2) Impulsar una Jornada Nacional de lucha con paros y movilizaciones el 18 y 19 de octubre. 3) Docentes, padres y alumnos debemos evaluar las políticas educativas, al sistema y los gobiernos que las aplican.
Se definió elaborar un Documento con estos puntos y la denuncia de que esta "cultura de la evaluación" que el PRO quiere imponer -sin consultar a docentes, alumnos y padres-, sólo responde a los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y los empresarios. Proyecto que es enfrentado en México y otros países, donde quieren imponer estas evaluaciones externas y estandarizadas como las pruebas PISA y que son contrarias a la escuela pública estatal.
Se propicia un paro y jornada nacional de protesta para el 18 y 19 de octubre en rechazo al Aprender 2016, que tiene como intención clara la de responsabilizar al docente por la crisis educativa. La idea es convertir estas jornadas en una actividad de evaluación de las políticas educativas del gobierno nacional y los gobernadores que la apoyan. Además de reclamar por la inmediata reapertura de la paritaria salarial y un mayor presupuesto educativo.
La Federación viene rechazando el intento crear un Instituto de Evaluación que, lejos de mejorar la educación, intenta constituirse como organismo disciplinador y flexibilizador de las condiciones laborales y profundizar la fragmentación del sistema entre escuelas para ricos y pobres. Por eso promovió este Encuentro y un Instituto de Evaluación que evalúe las políticas educativas, al gobierno nacional y los provinciales, responsables de la continua crisis educativa.
Se repudiaron también lo dicho por el ministro Esteban Bullrich en el Instituto de Argentino de Ejecutivos de Finanzas, al afirmar: "La política educativa es responsabilidad mía (es decir, la defino yo...). Los gremios docentes hoy se animan a hablar de políticas educativas... Con los gremios vamos a discutir condiciones salariales y laborales, pero no van a fijar la política educativa". Esto implica que la educación del país la decide él. Así pretende resolver el PRO, de forma unilateral y alejada de todo principio democrático y pluralista que debería sustentar una democracia que se dice participativa.
    Se resolvió además la solidaridad con Horacio Catena, Sec. Gral. de SUTEF y demás compañeras/os exonerados en Tierra del Fuego, con Rubén Ortiz, Sec. Gral. del MPL en Misiones ante las amenazas a su familia y en apoyo a docentes entrerrianos, ante el incendio de una escuela cerca de gobernación, por la que AGMER Paraná reclamaba.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2016

Contactos de Prensa / FND-CTA:
·  Eduardo Mijno, Secretario General (Chaco) TE 3624521019
·  Horacio Catena, Secretario Adjunto (Tierra del Fuego) TE0291-15-541472
·  Rubén Ortiz, Secretario Adjunto (Misiones) TE 03751530650
·  Francisco Torres, Secretario Gremial (Provincia Bs. Aires) TE 0221-15-6497181
·  Manuel Gutierrez, Sec. de Organización (CABA) TE 011-15-54843874
Federación Sindicato Trabajadores de la Educación del Chaco (SITECH) / Sindicato Unificado de Trabajadores de La Educación Fueguina (SUTEF) / Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) – Misiones / Alternativa Docente, Nacional / Ademys (CABA) Lista Violeta / Secretaría de Cultura, CTA Autónoma / Sindicato Nacional de Trabajadoras/es de la Educación Popular (SINATEP) / Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (SITEP) / Asociación Docentes Unidos de Catamarca (ADUCA) / Unión de Trabajadores de la Educación Misiones (UTEM) / Asociación Tucumana de Profesores y Educadores de Adultos (ATPEA) / Asociación Cordobesa de Trabajadores de la Educación (Córdoba)

ACTIVIDADES EN EL SUM DE ALAS.

El Bolsón (ANPP).-Gacetilla de actividades
SUM Negro Fontenla
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viernes 7 de octubre
desde las 22 hs.
ANAHI RAYEN MARILUAN
presenta su segundo disco..
´"amulepe taiñ  purrum"
(que siga nuestro baile)
música mapuche de hoy con potencia ancestral
musicos invitados
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sabado 8 de octubre
desde las 22 hs..
LA GRANSH
Leo Gomez,Mariano Iglecias, 
Lucas Colihueque Y Danilo Kritz
hacen repertorio de blus clasico y rock psicodelico de los 60s y 70s.
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COMUNICADO DE ATE COMARCA ANDINA.

El Bolsón (ANPP).-Desde la CTA Autónoma de la Comarca Andina adherimos y convocamos a la 3° Marcha Nacional por el derecho a la Salud Mental a realizarse en la rotonda de El Maitén a las 16:30 hs. el próximo 7 de octubre.

Acompañamos el reclamo de los trabajadores de la salud del hospital de El Maitén para lo cual difundimos el siguienye Comunicado:

Equipo de Trabajadores de la Salud. Hospital Subzonal El Maitén
El Maitén, 25 de Agosto de 2016
Como es de público conocimiento y se expresa en los distintos artículos periodísticos de la Provincia y en la página oficial del Ministerio de Salud de la Provincia, desde el 20 de junio del corriente año, se ha ido avanzando en la propuesta de crear un ¨Centro de Rehabilitación de adictos con internación para la Patagonia” en la localidad de El Maitén.  Desde el equipo de Salud de El Hospital Subzonal El Maitén, vemos con preocupación la intención del Gobierno de la Provincia del Chubut , que entendemos, vulnera derechos concedidos a través de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, estimula la creación de una institución monovalente de encierro, no fomenta la creación de dispositivos intermedios comunitarios en salud mental, lo que consideramos medidas regresivas para la implementación real de la presente Ley. 
La apertura de un dispositivo de internación para toda la Patagonia no permite que la rehabilitación de personas con problemas relacionados con el consumo de drogas sea en el seno de la propia comunidad, muy por el contrario, es una forma de dispositivo de vida artificial que se encuentra tanto por fuera de la presente Ley como de los Tratados Internacionales de los que sienta sus bases. 
Este equipo ha solicitado información por la vía formal, a la Dirección del Hospital local, al Área Programática Esquel, a la Directora General de Prevención y Atención Sanitaria de Problemáticas Psicosociales y Discapacidad, al Ministro de Salud, al Director de la Agencia Provincial para la Prevención de la Drogadependencia, no habiendo tenido respuesta formal hasta el momento.
El Día 18 de agosto, en asamblea hospitalaria, se ha mantenido una reunión con el Ministro de Salud, propiciada por el equipo de trabajadores del hospital,  en la que  tras un diálogo basado en el respeto y sobre todo con fundamentos estadísticos, científicos, y priorizando a la comunidad como parte fundamental de la rehabilitación de las personas con la problemática de adicciones, el Ministro de Salud, Dr. Leandro Gonzalez expresó lo siguiente: 
¨Lo que desde el sistema sanitario pensamos es ni más ni menos que seguir trabajando como veníamos trabajando, con nuestros dispositivos de atención integral…. desde el abordaje de la promoción, la prevención y la recuperación. Ya sea, con los talleres y demás, con lo que se viene haciendo¨
¨No se hará nada que la comunidad de El Maitén no quiera¨
¨No se hará nada que se encuentre por fuera de la Ley¨,
A su vez, en esa misma oportunidad, el Subsecretario de Programas de Salud, Mariano Cabrera,  expresó “El estado es laico”, en relación a este proyecto de creación de un centro en el que un determinado credo pareciera incorporarse al Estado.
Sin embargo, durante la reunión, no se pronunció desde las autoridades, un posicionamiento ideológico claro frente a la intensión de avanzar con un proyecto de internación monovalente para toda la Patagonia, independientemente de la realización de alguna modificatoria de la Ley.  
Queremos transmitir a través de este comunicado, que el equipo de salud se mantendrá atento para evitar que se siga avanzando con medidas de carácter regresivo que quiten derechos a las personas con padecimiento mental y adicciones. Solicitamos su difusión para continuar recorriendo juntos, el camino para el mejoramiento en el Bienestar de la  Salud de las Comunidades. 
Contacto: smelmaiten@gmail.com
 
ATE 
SECCIONAL COMARCA ANDINA
TE 0294 4471309

CHILOE SE VUELVE A PONER DE PIE.

El Bolsón (ANPP).-En Chiloé se preparan para  gran movilización por la dignidad de un territorio saqueado.



 Diversas representaciones de comunidades y organizaciones sociales – williche de Chiloé se convocan para los días 9 y 10 de octubre. Referentes de diversos territorios vinculados al Movimiento por la defensa y recuperación de los territorios de la macro zona centro sur tendrán presencia activa en estas jornadas.
El encuentro incluye una marcha por la dignidad del territorio  el día 10 de octubre a las 15 horas desde la Plaza de Ancud.
A continuación, la información extendida desde el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé.

Se convoca a todas y todos los habitantes del archipiélago de Chiloé, a las y los Chilotes de nacimiento y a todo aquel que allá adoptado como propia nuestra tierra, así como también a las organizaciones sociales que sientan el compromiso de proteger nuestro territorio frente a la imposición de una serie de megaproyectos que han desencadenado una destrucción y tragedia de proporciones. Aquí las llamadas autoridades pretenden imponer un desarrollo económico sin considerar nuestra opinión y nuestra propia forma de ver la vida.
 El mantenernos unidos nos permitirá enfrentar este difícil escenario en el que nos encontramos, debemos reflexionar y dimensionar el daño ocasionado y trabajar en Comunidad, sembrar para volver a cosechar,  para poder enmendar el daño ocasionado por gente que solo ve en nuestro territorio una forma de acumular riqueza económica.
 Ruth Caicheo
Werken del Consejo de Comunidades Williche de Chiloé

La explotación de nuestros territorios comenzó a fraguarse masivamente hace 524 años, con la conquista y violenta colonización de Latinoamérica. A partir de 1492 sobrellevamos una economía capitalista que es inherentemente colonial y, por tanto, racista. Y es que son los territorios indígenas los que vienen soportando los mayores atropellos y despojos en beneficio de este modelo económico.
En efecto, el archipiélago de Chiloé tiene mucho que decir en este escenario. Trato indolente que ha marcado el regreso del Estado y el mercado a Chiloé a fines de los 80´, no para compensar siglo y medio de postergación, sino para incentivar su explotación y saqueo, para asegurar su trato como “colonia interna” a través de la expansión salmonera, la expansión forestal, el avance de concesiones mineras y la imposición de megaproyectos extractivistas tanto públicos como privados. Sin embargo, este avance extractivo se ha empezado a resquebrajar entre acantilados cargados de conciencia identitaria. De amor y compromiso por este territorio aparte, nuestro, legítimo de ser defendido.
Por ello, este 9 y 10 de octubre Chiloé nuevamente se levanta. Están todas y todos invitados a las jornadas de encuentro y movilización en Ancud organizadas por el Consejo de Comunidades Williche de Chiloé.

LA TORTURA ES INCOMPATIBLE CON LA DEMOCRACIA.

El Bolsón (APL).-
AMPLIO APOYO Y RECONOCIMIENTO A LA CPM COMO MECANISMO DE CONTROL Y MONITOREO

Décimo informe anual: La tortura es incompatible con la democracia


  • CPM

(Prensa CPM)La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en el anexo del Senado bonaerense su décimo Informe Anual sobre sistema de encierro y políticas de seguridad. El informe constata, una vez más, el fracaso de las políticas punitivistas, el colapso del sistema penal y la existencia de la tortura como práctica sistemática. “Es necesario el reconocimiento de la CPM como mecanismo de local de prevención de la tortura”, dijo el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel. El proyecto de ley para designar al organismo como organismo de control –tal como lo estipula el protocolo de la ONU- fue presentado por la comisión de derechos humanos del Senado provincial con las firmas de la senadora y vicepresidenta de laCPM Elisa Carca, y de los senadores Fernando Moreira —integrante, a su vez, del organismo por designación de la Legislatura — y Horacio López. El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Santiago Cantón, apoyó públicamente el proyecto‎.‎
Más de 700 personas -referentes de organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios provinciales y nacionales, miembros de la justicia, familiares víctimas de violencia institucional, público en general – acompañaron la presentación del Informe Anual 2016. El sistema de la crueldad X. Como cada año, este acto político no sólo busca exponer las cifras alarmantes que se relevan en las inspecciones a los lugares de encierro y el control de las prácticas policiales y judiciales sino que, principalmente, busca incidir en la transformación de un sistema penal que viola los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Bajo este posicionamiento, y con la premisa de que la lucha contra la tortura y la impunidad es una prioridad en la agenda de políticas públicas, “es importante que las nuevas autoridades provinciales observen este informe, porque hay problemas estructurales que requieren cambios urgentes: las cárceles no pueden ser depósitos humanos”, señaló el presidente del organismo, Adolfo Pérez Esquivel. Y remarcó que “es necesario institucionalizar el trabajo de la CPM como mecanismo local de prevención de la tortura. La CPM ha demostrado compromiso e independencia de los gobiernos; esa autonomía le otorga legalidad para ser organismo de control”.
En 2004, el Estado argentino adhirió al protocolo facultativo de la lucha contra la tortura de Naciones Unidas; sin embargo, todavía no designó al mecanismo de prevención de la tortura. En todos estos años —e incluso desde antes que el protocolo entrara en vigencia en el país en el año 2006— la CPM se constituyó de hecho en el mecanismo local. Y lo hizo respetando los estándares internacionales de monitoreo y los principios de autonomía funcional y financiera que le otorgan capacidad de control sobre los poderes que deberían trabajar para erradicar la tortura.
En este tiempo, el organismo realizó más de mil inspecciones, se generaron alrededor de 33 mil expedientes de víctimas con denuncias en donde se constataron más de 73 mil casos de torturas. Además, elaboró diez informes anuales y un informe especial por la masacre de Magdalena; además se realizaron múltiples intervenciones judiciales y presentaciones ante organismos internacionales.
En coincidencia con este reclamo, la senadora provincial y vicepresidente de la CPM Elisa Carca, junto a los senadores que integran la comisión de derechos humanos del Senado, Fernando Moreira y Horacio López, presentaron recientemente el proyecto de ley para cumplir con lo prescripto por los tratados internacionales y designar formalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura. “Esperamos que este proyecto se apruebe para que se nos confiera le legalidad del caso y sigamos fortaleciendo la defensa por los derechos humanos”, señaló el presidente de la CPM, Víctor Mendibil.
El reconocimiento al trabajo de la CPM en esta materia ha sido destacado por los organismos internacionales y por la propia Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que, a partir de acordadas y resoluciones, le otorgó facultades como organismo de control. Más recientemente, durante la presentación de ayer, el secretario de derechos humanos de la Provincia, Santiago Cantón, expresó públicamente su apoyo: “Desde la Secretaría, acompañamos este pedido para que la Comisión sea reconocida como mecanismo de prevención de la tortura”.
A su vez, el vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, remarcó que “los trabajos de la Comisión son muy respetados, tienen un profundo conocimiento de todas las cárceles de la provincia, y nos comprometen a trabajar conjuntamente para revertir las graves condiciones de encierro”. En esa línea, Santiago Cantón agregó: “El Estado tiene la obligación de ponerle final a la práctica de la tortura y la labor de la CPM es fundamental; sin este trabajo, el Estado sería mucho más débil para asumir su responsabilidad”.

El fracaso del punitivismo y el colapso del sistema penal
La mesa que presentó Informe Anual 2016. El sistema de la crueldad X estuvo integrada por los presidentes de laCPM, Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, por el secretario del organismo, Roberto Cipriano García, el vicegobernador de Buenos Aires, Daniel Salvador, el secretario de derechos humanos de la provincia, Santiago Cantón, y Gabriela Cerruti, una de las impulsoras de la creación de la CPM en 1999 y referente de Nuevo Encuentro, y contó con la coordinación de la directora general de la CPM, Sandra Raggio. Junto a ellos, estuvieron presentes los miembros del organismo, Nora Cortiñas, Elisa Carca, Ana Barletta, Susana Méndez, Víctor De Gennaro, Yamila Zavala Rodríguez y Ernesto Alonso.
Ante las nuevas autoridades, y en un contexto de reciente cambios de las gestiones del gobierno provincial y nacional, los datos de este décimo Informe Anual sobre el sistema de encierro y las políticas de seguridad —si bien corresponden al periodo enero-diciembre de 2015— son representativos de una gestión política de la seguridad que trasciende el último año y que todavía permanece intacta: la persecución y el disciplinamiento de los sectores más pobres como la matriz que moldea el funcionamiento del sistema penal.

“La promesa de seguridad a través de la política de mano dura es inviable porque la resolución de estos conflictos es social. En cambio, el sostenimiento de estas políticas sólo provocaron la degradación del sistema institucional”, señaló el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García.
Esta política de seguridad se sustenta en la demagogia punitiva y la saturación territorial que no busca controlar el delito sino administrarlo, y que se basa en la persecución de los eslabones más débiles de los mercados ilegales. “Bajo este paradigma, la policía emplea prácticas inconstitucionales como forma de control territorial de los sectores populares. Un dato basta para reconocer este sistema: el 90% de las detenciones se realizaron sin orden judicial, esto es la policialización de la justicia”, explicó Cipriano García.

El resultado de esta estrategia punitivista fue el aumento constante de la tasa de prisionización que conllevó el agravamiento de las condiciones de detención y profundizó la práctica sistemática de la tortura como forma de gobierno de los lugares de encierro.
En diciembre de 2015, la Provincia había alcanzado un nuevo récord histórico de detenidos: 39.927, de los que un 56 % tiene prisión preventiva, lo que significa además una sobrepoblación del 59%. En el último año, hubo 145 muertes por cárcel dónde el 65 % fue por cuestiones de salud que habrían podido evitarse, y se registraron 18.557 hechos de torturas y de agravamiento de las condiciones de detención. Estas prácticas violentas suceden con la connivencia de la Justicia: de las 3.582 causas penales iniciadas contra agentes de seguridad, sólo 11 fueron caratuladas como torturas y las restantes tuvieron penas leves. “Mientras haya impunidad seguirá habiendo tortura en las cárceles”, resumió Adolfo Pérez Esquivel.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires reconoció en diciembre pasado la situación de colapso y las consecuentes vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, su vicepresidenta Hilda Kogan acompañó la presentación de ayer y remarcó la importancia de cada informe: “el trabajo de la Comisión no sólo es importante como documento para los poderes del Estado que deben trabajar en la defensa de los derechos humanos sino también para los familiares de las personas detenidas que sienten que alguien los escucha, los defiende y los ayuda a no sentirse solos”.

“La tortura se aplicó y se aplica de manera sistemática, es estructurante del sistema de la crueldad que sostiene a la política criminal implementada desde hace quince años y que persigue a los más pobres. Es necesario tomar medidas efectivas que puedan revertir esta situación”, profundizó Cipriano García.
Entre esas medidas, además de la ya mencionada designación del mecanismo local de prevención de la tortura, es imprescindible implementar la policía judicial, las fiscalías especializadas para investigar la violencia institucional, la autonomía de la defensa pública, la selección amplia, democrática y participativa de los jueces. Y es importante sostener el trabajo de control sobre estas políticas; en ese sentido, Cipriano García recordó que, por ejemplo, la ley de salud mental y la ley 13.298 constituyen avances en la legislación pero su aplicación no transformó las condiciones estructurales.

Hacia el cierre de la presentación, Gabriela Cerruti señaló la larga trayectoria del organismo como mecanismo de inspección de lugares de encierro: “Uno ve estos informes y descubre que la tortura se ha profundizado, que falta mucho por hacer pero que el valor más alto de la CPM como de los organismos de derechos humanos es la persistencia de sus luchas”. Y agregó: “Las cárceles están pobladas de excluidos y se constituyen como un sistema pensado para deshumanizar a las víctimas”.
Finalmente, y recuperando lo expuesto por todos los integrantes de la mesa, el presidente de la Comisión, Víctor Mendibil, remarcó una vez más el rasgo clasista de las políticas de seguridad: “Los pibes, hijos de hogares pobres, son los sectores disciplinados por las policías en el territorio. Perseguidos por ser pibes y por ser pobres”.

COMUNICADO DE MULTISECTORIAL CONTRA MONSANTO.

El Bolsón (ANPP).-

La Multisectorial No a la Ley Monsanto a las y los Legisladores Nacionales: NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SEMILLAS

Argentina, septiembre 2016
Finalmente se hizo público el Proyecto de Ley de Semillas que el Poder Ejecutivo elaboró y se apresta a enviar al Congreso de la Nación.
Este proyecto nace de las negociaciones cerradas entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores. Negociaciones que, tal y como ocurrió en los intentos de reforma que, desde el 2012, llevó adelante el gobierno kirchnerista, dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino-indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio.
Es por esto que el nuevo intento de modificación de la vigente Ley 20247, al igual que los anteriores, contiene elementos que nos alarman y que nos hacen expresar nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación más regresiva de la ley vigente.
Para comenzar, la estrategia parece ser ir introduciendo cambios menores pero regresivos con los que se avance paso a paso en la imposición de UPOV 91 ante los rechazos que existen para la modificación de la ley.
En primer lugar, y tal como se venía anunciando, el proyecto busca limitar el “uso propio” de las semillas planteando que deberá pagar regalías todo aquel que haya comprado semillas “protegidas” (art 4°) “durante las dos (2) multiplicaciones posteriores a la adquisición de la semilla, por toda la semilla reservada para uso propio”. Además agrega “A partir de la tercera multiplicación inclusive sólo por el uso incremental”; o sea que en el caso de que se amplíe la superficie de cultivo el pago deberá ser permanente (ya que no se aclara la duración que tendría en ese caso). La limitación del derecho básico a guardar semilla para cultivar, inherente a la misma existencia de la agricultura, es inaceptable y la rechazamos de plano. Porque la diversidad y riqueza de nuestra alimentación depende de la posibilidad que los agricultores familiares han tenido durante siglos para guardar, mejorar y crear nuevos alimentos, nutritivos y sanos. No podemos permitir que se impida el libre acceso a la semilla, sustento fundamental de la cultura y el trabajo de nuestros/ as pequeños/as agricultores/as.
En segundo lugar la “excepción” al pago de regalías planteada en el artículo 4° para quienes tienen una facturación menor a “tres (3) veces el monto correspondiente a la categoría más alta de monotributista” es otra burla que solo busca legitimar la limitación del uso propio tratando de que los agricultores familiares pequeños acepten la modificación. En términos prácticos los controles recaerán sobre todos los agricultores. Pero además el proyecto señala que “En cada compra de semilla deberá establecerse el valor que el titular del derecho o su licenciatario podrá requerir por el uso de su tecnología incorporada a la variedad vegetal” con lo cual deja en libertad al titular para establecer el monto de la regalía pudiendo la misma ser exagerada o abusiva.
En tercer lugar lo planteado en el artículo 1° “El INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS tendrá acceso a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar que se encuentre, a los fines de verificar la legalidad de la semilla que le dio origen, en cumplimiento de la presente ley” implica la instalación de un sistema policial de persecución de los agricultores en la cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva. La reglamentación de este artículo podría empeorar mucho más las cosas, introduciendo por ejemplo la posibilidad de que se intervenga con fuerzas de seguridad privadas y sin intervención judicial. Esto se ve fortalecido por el artículo 6° que plantea que quien “no permita tomar muestras sobre el cultivo o producto de la cosecha, no proporcione o falsee una información que por esta ley este obligado, será sancionado con apercibimiento o multa de un mil pesos ($ 1.000) a sesenta mil pesos ($ 60.000).”
En cuarto lugar el artículo 3° plantea que: “Cuando se emplee una variedad protegida o sin protección que contenga un elemento patentado, el titular de la patente no podrá impedir el uso de dicha variedad que contenga o no la tecnología protegida a los fines de experimentación u obtención de una nueva creación fitogenética”. De esta manera se acepta la posibilidad del patentamiento de semillas y plantas, cuestión que en Argentina está terminantemente prohibida por la legislación vigente (comprendiendo tanto a sus componentes físicos como los brotes, semillas, tallos, células, frutos, bulbos, como así también a los componentes celulares como las organelas, membranas, moléculas de adn, secuencia genética, etc.). Esto significa la no patentabilidad y en estos momentos está en disputa la posibilidad de patentamiento de genes en la Corte Suprema de Justicia. Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patentes sobre la vida. Permitir que el marco normativo admita estas patentes es profundizar aún más el modelo del agronegocio, aceptando que las grandes empresas se apropien de los múltiples conocimientos que los campesinos y campesinas han acumulado de manera milenaria en la semilla, a través de su cuidado y mejoramiento. A su vez, este artículo cierra planteando que: “No obstante, a los fines de la explotación comercial se requerirá el consentimiento del titular del derecho de patentes o su licenciatario.” Con lo cual se establece que quien realice la investigación deberá finalmente pagar regalías para poder tener “el consentimiento” del titular de la patente.
Finalmente la administración y dirección del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE) queda conformada por un directorio integrado por 12 personas de las cuales 6 son representantes del Sector privado. Considerando que muchas de las otras partes (INTA, Ministerio de agroindustria) tienen intereses cercanos a los del sector privado, consideramos que esta estructura para el INASE es inadmisible ya que de ninguna manera puede representar los intereses de nuestro pueblo frente a un tema tan fundamental. Este organismo así constituido consolida la complicidad ya hace años construida entre las corporaciones, el Estado y el sistema de investigación hegemónico, que garantizan la apropiación de la semilla y el conocimiento para la ganancia de unos pocos y la miseria de las mayorías.
Las más de 50 organizaciones sociales que integramos la Multisectorial No a la Ley Monsanto de Semillas entendemos que este nuevo intento de modificación de la ley de semillas se encuentra enmarcado en un sistema capitalista que, desde hace décadas busca convertir nuestros bienes comunes (naturaleza, conocimiento) en mercancías para el lucro y crecimiento del poder de unos pocos. A lo largo y ancho de nuestro continente se han llevado adelante, de manera constante, reformas para que las grandes corporaciones obtengan ganancias que los pueblos pagamos con la contaminación de nuestros lugares de vida, con la pérdida de nuestros recursos para la subsistencia, incluso, con nuestra propia salud. Los Tratados de Libre Comercio, que han avanzado en las últimas décadas en nuestro continente, intentan extender y consolidar estas reformas a pesar de nuestras resistencias y múltiples luchas. Por eso sabemos que la semilla se ha vuelto hoy el corazón de las ganancias de las grandes transnacionales. Pero también sabemos que es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida.
Por eso, consideramos que son principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de Semillas en Argentina:
1- El rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas. Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos.
2- Garantizar la libre circulación, intercambio y comercio de las semillas nativas y criollas impidiendo su apropiación y monopolio por parte de corporaciones.
3- Revalorizar y relegitimar los conocimientos, saberes, creencias y prácticas locales, tradicionales y ancestrales de las campesinas y los campesinos, indígenas y afrodescendientes y demás comunidades.
4- Promover y garantizar su uso de las semillas criollas y nativas en el marco de un impulso a la producción agroecológica en manos de campesinos y campesinas, productores y productoras familiares y pueblos originarios.
5- Abandonar el impulso al agronegocio, el control corporativo de nuestra agricultura, el uso de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos y la entrega de nuestros bienes naturales a través de los Tratados de Libre Comercio; promoviendo una transición urgente hacia un modelo regional agroecológico de base campesina con real participación de las comunidades involucradas. En este sentido, consideramos urgente e imprescindible avanzar en un proceso de reforma agraria integral que recupere el territorio para las mayorías sociales.
Los más de 10 mil años que los pueblos originarios, campesinas y campesino del mundo llevan alimentando a la humanidad sin que se viera limitado su derecho al libre intercambio es la mejor prueba de que ese es el camino a seguir.
Al mismo tiempo la pérdida del 75 % de las semillas agrícolas producidas en los últimos 60 años a causa de la agricultura industrial (según datos de la FAO) demuestran que el agronegocio, sus transgénicos y agrotóxicos y las leyes de semillas que promueven están acabando con el principal patrimonio que tenemos los pueblos para garantizar nuestra alimentación en el futuro.
Junto a ello, la codependencia a la economía neoliberal, propia del modelo agrario actual, industrial y capitalista, que ha generado millones de muertes y enfermedades, desplazado pueblos enteros hacia las zonas más pobres de las ciudades, provocando terribles deforestaciones, inutilizando millones de hectáreas de tierra al dejarlas sin nutrientes, generando cada vez más contaminación así como más relaciones de desigualdad; ha demostrado que aquel NO es el camino a seguir.
Señoras legisladoras, señores legisladores: ustedes son responsables con las leyes que aprueben de que este proceso continúe o se revierta. Los pueblos estarán atentos y vigilantes a las consecuencias de sus acciones.

¡Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!

¡NO A LA NUEVA LEY DE SEMILLAS MONSANTO!

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!

¡FUERA MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!

¡POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!

Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas

GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental - AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI - Vía Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda, Río Bravo - Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Regional Bs As Oeste y Regional Santa Fe, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA - Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe, Maela, Acampa - Asociación de campesinos del Abaucán.
Adhesiones: noalanuevaleydesemillas@gmail.com

jueves, 29 de septiembre de 2016

LA REVUELTA PRESENTÓ UN INSTRUCTIVO DE ABORTO EN VARIOS IDIOMAS.

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En el día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, la colectiva feminista La Revuelta presentó un instructivo para hacerse un aborto seguro en Español, Inglés y Portugués. Hoy a las 18 habrá una marcha en el monumento a San Martín.
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“¿Cómo hacerse un aborto con medicamentos?” es el instructivo que vienen utilizando Las Revueltas hace varios años para acompañar a mujeres que quieren interrumpir su embarazo y hacerlo de manera segura y en sus casas. Ahora lo implementaron en varios idiomas con el objetivo de ampliar el acceso y la información sobre los usos seguros de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona a la hora de hacer un aborto.
El instructivo tiene la posibilidad de leerlo en Español, Inglés y Portugués. Las Revueltas adelantaron que próximamente estará también disponible en Guaraní.
Además junto a las Socorristas de Misiones realizaron el primer material en lenguaje de señas relacionado al derecho al aborto.

NEUQUÉN: CONGRESO DE EDUCACIÓN ORGANIZADO POR ATÉN

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DOS CHICOS DE "LA PODEROSA" TORTURADOS POR PERFECTURA

(Por Gloria Pagés/ La Izquierda Diario)Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro viven en la Villa 21-24, una de las grandes urbanizaciones precarias de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en los barrios de Barracas y Pompeya, donde habitan en condiciones muy precarias cerca de 50.000 personas, en su mayoría familias trabajadoras. Es además una zona militarizada por la Policía Federal, la Prefectura y la Gendarmería, estas dos últimas fuerzas integran el Cinturón Sur, Plan puesto en marcha en 2011 en el sur de la Ciudad de Buenos Aires con el supuesto propósito de “combatir el delito”. Lo cierto es que lo único que ha aumentado son los índices gatillo fácil y tortura a la juventud de esos barrios.
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Este gravísimo caso del que dio cuenta La Poderosa en el día de ayer tiene a Ezequiel e Iván como víctimas. Los dos chicos, integrantes de la organización, fueron brutalmente torturados y denigrados por efectivos de la Policía Federal y la Prefectura. Uno de ellos es Ezequiel, de 15 años, que al volver de visitar a su abuela se encontró con su amigo Iván. En ese momento, cuando se estaban saludando, los paró la Policía Federal, fueron agraviados y pretendieron acusarlos del supuesto “origen espurio de sus prendas”. “Yo me acerqué para darle un abrazo a Eze y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”, denunció Iván.

A partir de allí siguió una siniestra secuencia de torturas y vejaciones. Como los efectivos de la Federal, efectivamente, no encontraron nada en la “requisa”, los dejaron ir, pero a los 30 metros, vuelven a ser interceptados por tres móviles de Prefectura, en cada uno había cuatro uniformados.
Así lo relatan de manera impecable y conmovedora en el sitio web de La Poderosa: “Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú”. ¿Para qué? “Para cagarnos a palos”. ¿Y los largaron? “No, nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”. De ahí, se los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de Sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”.
“Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Pero no, todavía no termina. “Alterados, como sacados, nos esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire, mientras nos quitaban las camperas que supuestamente habíamos robado”. Pero no, robar, robaron ellos, “que se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas… Nos sacaron todo”. Justo ahí, a pocas cuadras de la Parroquia Caacupé, uno de los prefectos puso su arma en la nuca de Iván, para obligarlo a rezar. “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”. Y al final, cuando por fin accedieron a soltarles las manos, los encañonaron por la espalda, con una escopeta: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

“Que esto sea un caso bisagra”
Hablamos con un referente de La Poderosa, él es periodista e impulsor de la organización y además padrino de Kevin, el nene de 9 años asesinado el 7 de septiembre de 2013 por un balazo en un tiroteo en una zona liberada por la Prefectura y la Gendarmería. Conoce al detalle el accionar de las fuerzas de seguridad: “Nosotros veníamos denunciando que venía habiendo un incremento de las irregularidades (entre comillas, agrega) de las fuerzas de seguridad, que en realidad es el funcionamiento regular dentro de los barrios. Pero esto que pasó con Ezequiel e Iván ya es como por fuera de su propia norma: los esposaron a un palo al borde del Riachuelo y corriendo les saltaban arriba de la espalda, les ponían un fierro para que recen.”
Las consecuencias de la militarización de los barrios del sur de la Ciudad no ha sido una merma en el narcotráfico sino por el contrario, un aumento en los casos de gatillo fácil y torturas, así lo demuestran los cerca de doce casos de pibes muertos a manos de las fuerzas de seguridad como Brian y Jony, en Lugano, o Gabriel Vaca y Mario Gustavo Ruiz, ejecutados por la policía Federal en la Villa 21. Recientemente se conoció un informe de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) que da cuenta del aumento en el hostigamiento y violencia policial contra niños, niñas y adolescentes en la Capital.
El dirigente nos dice que este caso “es uno de esos casos bisagra que tienen que servir para mostrar el accionar de las fuerzas y salir de la falacia de que esto ocurre porque son chorros, no sólo es mentira, volvían de lo de la abuela es siniestro, sino que aunque lo fuera, que ni siquiera es el caso, este chico de 15 años tiene todo el cuerpo roto, cómo me lo explicás”, se indigna. No es para menos.
Agrega, y eso haremos desde este medio: “Necesitamos que se difunda, la familia está asustada, visibilizarlo es la manera de darles resguardo, cuanto mas se hable y más se vea más resguardado van a estar”.

Prefecto detenido
La denuncia de estos graves hechos fue radicada en la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y en la fiscalía de Pompeya, a cargo del fiscal Marcelo Munilla Lacasa. El martes, cuando Ezequiel Villanueva Moya y su madre se presentaron a hacer la denuncia, vieron que uno de los prefectos, Leandro Adolfo Antúnez, estaba ahí mismo.

El referente de La Poderosa nos relata: “Cuando el prefecto lo ve lo señala a Ezequiel y a la madre queriendo amedrentarlo, pero es tanto el nivel de detalle de la denuncia de Ezequiel que al fiscal Munilla no le quedó otra que dictar la orden de detención. No es poco, siendo que fue el fiscal del caso de Kevin, es el mismo fiscal del caso Carrera, el del ’Rati Horror Show’”.

Precisamente, Munilla Lacasa fue el fiscal de la causa de Kevin, en la cual se dio el gusto de no citar a ningún gendarme ni prefecto. Recién un año y dos meses después del asesinato de Kevin el 7 de septiembre de 2013, se imputó a los prefectos que liberaron la zona.
Munilla Lacasa también actuó en la causa por la represión a la murga del Bajo Flores ocurrida en febrero de este año, donde como en todos los casos resonantes de los que se hizo cargo de la investigación, optó por priorizar la versión de la policía y demás fuerzas de seguridad por sobre la de las víctimas.
La denuncia y visibilización del caso de tortura contra los chicos de La Poderosa debe ser incesante junto con la exigencia de castigo a los responsables. Es indudable que el discurso que reclama mano dura y estigmatiza a la juventud, mientras las condiciones de vida de las mayorías populares se degradan día a dia -uno de cada tres argentinos son pobres – va a redundar en más casos como los de Iván y Ezequiel, y más gatillo fácil.
Para eso es necesario una fuerte campaña contra la militarización y la represión a la juventud, para decir ¡Basta! Y enfrentar la campaña reaccionaria de la mano dura. En ese sentido se expresó el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) que repudió los hechos y se solidarizó con los integrantes de La Poderosa.

EZEIZA- COMUNICADO DE LA RED DE COOPERATIVAS DE LIBERADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES

(APL).-

El total del penal está parado, lo que significa que ninguna presa sale de su pabellón para realizar actividades, ya sean laborales, de educación o visita. A esto se suma el rechazo de retirar la comida del carro, hecho que simboliza al interior de un penal una acción Colectiva contra el Servicio Penitenciario y en especial hacia la gestión de gobierno de la cárcel.
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Otra vez una huelga de brazos caídos, otra vez los cuerpos de las mujeres vulnerados. Entendemos que la reducción de las horas de trabajo no solo vulnera e impide el acceso pleno al derecho al trabajo, sino que las consecuencias tienen efectos concretos en las vidas de las mujeres y sus familiares. La mayoría de ellas son los sostenes económicos de sus hijos y familiares, de su entorno vital en el afuera.
Esta nueva avanzada del Servicio Penitenciario no es casual. Se enmarca dentro de la sistemática arbitrariedad y discrecionalidad de sus prácticas cotidianas, que se materializan en los obstáculos impuestos al acceso a la salud, a la educación, a la recreación.


Acompañamos el reclamo de las mujeres de Ezeiza.

CONTACTO:
Fiorella pabellón 12 módulo 2

Teléfono: 4389 2771-4389 1925
Dorys pabellón 9

Teléfono: 43892758

PROTESTA INTERNACIONAL EN TEMUCO, POR EL CASO DE LA MACHI FRANCISCA LINCONAO

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Una delegación internacional protestó durante la tarde de este lunes 26 de septiembre en las inmediaciones de la Corte de Apelaciones de Temuco y la Fiscalía Regional, emplazando a estas instancias judiciales por su responsabilidad en el encarcelamiento  a la autoridad tradicional Mapuche, Machi Francisca Linconao, en el denominado caso Luschinger – Mackay, hecho que ha sido catalogado como un montaje y una abierta persecución.

La Machi Linconao se encuentra en un deteriorado estado de salud a causa de esta situación, razón por la cual ha debido ser internada en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde se le están tratando diversas dolencias.

Cabe consignar que dos jueces de la república, por razones humanitarias, han concedido a la Machi  la prisión preventiva con arresto domiciliario mientras dure el juicio “Luchsinger – Mackay”, sin embargo, inmediatamente, el Fiscal Alberto Chiffelle y querellantes, han apelado a esta medida y la han devuelto a la cárcel, a pesar de su crítico estado de salud, bajo la directa responsabilidad de una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que incluye a su presidenta, la Ministra Cecilia Aravena López.

La manifestación en repudio a estos funcionarios públicos y su responsabilidad institucional racista y neocolonial, fue convocada por el Movimiento Internacional Pacto Mundial Consciente, con integrantes de diversos países del continente, quienes repudiaron este montaje y solidarizaron con la autoridad Mapuche, señalando que promueven una plataforma denominada “Naciones Unidas en Espíritu”, integrada por miembros de diversos pueblos originarios del continente, entre ellos: Nadda, Panches, Misak, Kogui, Wiwa, Uwa, Yanacona, Cofan, Embera Chami, Huitoto, Quimbaya, Mhuysqa Chibcha, Wirrarikas, Vaisnava, Maya Chontal, Maya Quinche, Apache, Quechua y nativos mestizos, señalando: “queremos contar a toda la humanidad que tenemos un origen común y ese origen común es un pensamiento, el pensamiento del Gran Espíritu, del que todo tiene su origen. Así, nuestro deber es poner nuestra mente en comunión con el origen, para recordar que vinimos aquí a vivir de y por ella”, reafirmando a través de esta instancia el compromiso por justicia y libertad con la Machi Francisca como autoridad espiritual.

El Pacto Mundial Consciente, es una red de redes que a nivel mundial impulsa y fortalece diferentes organizaciones, colectivos, grupos sociales y activistas que entregan su energía para practicar la cultura del consumo sano, difundir y respetar los derechos de la Madre Naturaleza, proteger las semillas, el agua, la sabiduría ancestral, entre otras causas Comunes.

En la protesta realizada en Temuco que reunió a unas cuarenta personas, estuvo presente el maestro internacional del Bhakti Yoga Srila Paramadvaiti Swami, como también, la artista chilena e internacional, Moyenei, junto a la cantautora nacional, Vasti Michel e  integrantes de diversas organizaciones sociales, ambientales y culturales que adscriben al Pacto Mundial Consciente.

La Machi Linconao enfrenta un complicado estado de salud, con afectaciones como: Gastritis erosiva antral crónica; Hipertensión arterial Crónica;  Lumbago mecanopostural;  Síndrome Depresivo-ansioso; Hombro doloroso leve;  grave baja de peso, agregándose recientemente OSTEOPOROSIS LUMBAR, con un alto riesgo de fractura, más osteopenia en ambas caderas, también con alto riesgo de fractura, de acuerdo a los antecedentes médicos proporcionados por su doctor, Dany Maldonado.



El caso de la Machi Francisca

La Machi Linconao había sido involucrada en el denominado caso Luchsinger MacKay el año 2013, siendo allanada, detenida, comprobándose inmediatamente su inocencia razón por la cual, incluso, ganó un juicio contra el estado chileno, sin embargo, bajo la insistencia de poderes fácticos de la región de la Araucanía, con la complicidad de sectores del Ministerio Público, se insistió en su detención e investigación este 2016, con arresto carcelario, obstruyéndose  la posibilidad de que ejerza sus prácticas religiosas espirituales que requieren su conexión con las energías y rehue de su territorio, como también, por razones humanitarias, ante su deteriorado estado de salud, que las medidas cautelares las cumpla con arresto domiciliario, sin embargo, con absoluto ensañamiento contra ella, se ha establecido por ciertos operadores de la justicia que es un “peligro para la sociedad” bajo ciertos criterios de la Ley antiterrorista.
En septiembre del 2009 tribunales de alzada sentenciaron  a favor de la Machi Linconao  por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en contra de la Sociedad Palermo Limitada de la familia Taladriz,  por infracción del artículo 5 de la Ley de Bosques y el Convenio 169 de la OIT, ya que  se talaban árboles dentro del perímetro de 400 metros más próximos a tres manantiales cuyos nacimientos estaban en los cerros del sector, violando “Menokos” -humedales donde habitan fuerzas sagradas de la Naturaleza en la creencia Mapuche, y destruían variadas plantas medicinales. Se trató de la primera aplicación del Convenio 169 en Chile, que en su artículo 13 obliga al Estado a respetar tierras, territorios y reglas espirituales de los pueblos nombrados como “indígenas”, razón por la cual la Red de apoyo a la Machi Linconao, la reivindica como una defensora de la tierra, el medio ambiente y su cultura, “pues ella fue capaz de presentar el primer precedente de esta causa en Chile”, señala la Red, estimándose que el montaje judicial en su contra, obedece a una suerte de venganza y también de desviar la atención sobre situaciones de conflicto que involucra territorios ancestrales.