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domingo, 26 de junio de 2011

A 9 AÑOS DE LA MASACRE DE AVELLANEDA

(Prensa FPDS).- Hoy se cumplen 9 años de la Masacre de Avellaneda, una de las represiones más brutales sufrida por el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala.

La represión desatada el 26 de junio de 2002 fue planificada y ejecutada por el gobierno de Eduardo Duhalde respondiendo a los reclamos de mano dura del imperialismo, los gobernadores justicialistas y radicales y las cámaras empresarias AEA, UIA, SRA, ADEBA, coordinándolo con el entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Para ello montaron un operativo conjunto de 5 fuerzas de represión del Estado: Policía Federal, la Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la Side, con un despliegue planificado de grupos policiales con carta blanca para matar.

Buscaban desencadenar una ofensiva represiva sobre el pueblo, que seis meses después de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre seguía llenando las calles, las plazas, las rutas y los puentes de piquetes, empresas recuperadas y asambleas populares.  


Durante meses maduraron la provocación que pretendía inculpar a las organizaciones en lucha, encarcelar a sus dirigentes y desarticular a las organizaciones para sacar a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados de la calle, para frenar las luchas y recomponer la gobernabilidad del Estado, que no significaba otra cosa que garantizar que las empresas siguieran haciendo fabulosos negocios a costa de la miseria del pueblo.

El gobierno nacional de Duhalde y el provincial de Solá no atendían nuestras demandas e incumplían compromisos arrancados en la lucha. Al mismo tiempo, crecían sobre los movimientos y organizaciones sociales las amenazas, secuestros, simulacros de fusilamiento y el accionar de patotas. En ese contexto, asesinan a Javier Barrionuevo en Esteban Echeverría el 6 de febrero y unos meses después balean a Juan Arredondo en Lanús.

Duhalde buscaba sacarnos de la calle a cualquier precio. Por eso llevó adelante la decisión política de no permitir que se bloqueen los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Los cortes de puentes iban a ser considerados una acción bélica. Los medios de comunicación se encargaron de demonizar al movimiento piquetero encubriendo luego los hechos de la masacre. La provocación se completaba al día siguiente a la masacre del Puente Pueyrredón acusando de sedición a las organizaciones que protagonizaron la jornada de lucha.
El repudio popular a la masacre terminó provocando la salida anticipada del gobierno de Duhalde y el fracaso de su estrategia represiva. Las plazas del poder político del país fueron ganadas durante el mismo 26, al día siguiente y durante la gran jornada de unidad y lucha popular del 3 julio que, con una movilización multitudinaria, hizo rugir el repudio en una histórica marcha desde Avellaneda hasta Plaza de Mayo.
Duhalde debería estar hoy en la cárcel, por los asesinatos de Kosteki y Santillán, por la maldita policía del narcotráfico, el caso Cabezas, la AMIA y el gatillo fácil, en lugar de estar en campaña electoral disertando sobre gobernabilidad y democracia. Mientras se postula a candidato a presidente afirma que pretende gobernar para los que defienden a Videla. El pueblo argentino tiene en claro su culpabilidad como responsable político principal de los asesinatos de nuestros compañeros Maxi y Dario. Hoy como siempre, nuestra sentencia es clara, ¡Duhalde es candidato, pero a la cárcel!

De la misma manera, Aníbal Fernández, quien era secretario de presidencia de Eduardo Duhalde y actualmente es jefe de Gabinete, fue uno de los responsables de la Masacre de Avellaneda. Carlos Soria, actual intendente de Roca, fue designado por Cristina Fernández como candidato a gobernador de la provincia de Rio Negro y apoyado por todas las fracciones del PJ y el Frente para la Victoria. Soria dirigió la SIDE en el momento de la represión y él también debería estar tras las rejas y no haciendo campaña.

En cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes, a los Duhalde, a los Solá, JJ Alvarez, Aníbal Fernandez, Atanasoff, Soria, Genoud, Oscar Rodríguez, Vanossi y Capitanich. Los que hoy son expresiones de lo más nefasto de la política están firmemente acomodados tanto en el actual esquema político kirchnerista como en la oposición patronal.
Kirchner intentó cooptar  y engañar a los compañeros, compañeras y familiares de Darío y Maxi con la promesa de “investigar hasta las últimas consecuencias, sin importar quien caiga”. La comisión investigadora que dijo que iba a conformar nunca existió, ya que tenía como condición que abandonáramos la movilización. El rechazo a la conciliación  y la continuidad de la lucha nos permitió encarcelar a Fanchiotti y Acosta.

La complicidad del Gobierno K con Duhalde llegó al punto de no abrir los archivos de la SIDE  y permitir que Duhalde no se presente ante la justicia. Política de impunidad que continúa hasta el día de hoy.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente Pueyrredón, en la Estación Darío y Maxi (Ex Avellaneda), en los Tribunales de Lomas y a todas las plazas del poder político logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas políticas y que fue monitoreada por la SIDE. Sin embargo, el fiscal federal Miguel Angel Osorio se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales responsabilidades políticas de la Masacre se encuentra literalmente cajoneada en el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo, puesto a dedo por el propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden de la Secretaría General de la Presidencia, que todavía no ha respondido por el informe solicitado por la fiscalía en relación a los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del 26 de junio del 2002. Se manifiesta así, a lo largo de estos 9 años,  el hilo conductor de impunidad  que une a los gobiernos de  Duhalde y los Kirchner.

Porque la impunidad genera más impunidad: quienes dieron las órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 9 años ni siquiera fueron investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno nacional o provincial o se presentan como candidatos; y esa impunidad avala que desde el estado se siga organizando la represión de las manifestaciones de trabajadores o la persecución a los luchadores por los distintos medios y mecanismos tan utilizados para reprimir al pueblo.

Hoy levantamos más alto que nunca las banderas de Darío y Maxi. Y vamos por el juicio a todos los responsables políticos. Así como también seguimos denunciando la complicidad civil de los medios de comunicación para incentivar y luego encubrir la masacre. Asimismo denunciamos la complicidad de este gobierno para no enjuiciar a los responsables políticos e intelectuales.
Estamos acá para denunciar que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sigue la impunidad y la bonaerense corrupta y asesina. Con la mirada cómplice del sistema penitenciario bonaerense, el asesino Fanchiotti ha burlado su condena entrando y saliendo de la cárcel como patrón de estancia, caso que muestra que incluso los represores y genocidas presos tienen toda la impunidad para seguir funcionando con las redes represivas para atacar a los luchadores. Asimismo la impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la ayuda de las patotas de la burocracia sindical, apañadas por la política gubernamental y que ya se han cobrado varias víctimas, amedrentando persiguiendo y asesinando a nuestros compañeros.
Hoy exigimos al gobierno nacional la urgente aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura, exigimos el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo, testigo en la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe, y exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga, todos testimonios de la existencia de un aparato represivo actuante que jamás fue desmantelado y que se entrelaza con las mafias del  narcotráfico, el delito, la trata de personas y los asesinos de la dictadura impune.

Estamos aquí para denunciar que a 9 años de la Masacre sigue intacto el aparato represivo responsable de la brutal represión. Que el Gobierno que se autodenomina de los Derechos Humanos sigue reprimiendo al pueblo que sale a luchar por vivienda, educación, salud y trabajo digno. Que los Macri y los K no dudan acordar rápidamente para reprimir brutalmente al pueblo como pasó en el Parque Indoamericano, cobrándose la vida de los compañeros Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez. Que la represión encubierta sigue siendo la herramienta principal de los Gobernadores K para intentar disciplinar al pueblo en su lucha, como lo demostró el caso de los compañeros Mario y Roberto López, asesinados en Formosa por el gobierno de Insfrán. Luego de sostener varios meses de acampe para que el Gobierno se decidiera a atender a los compañeros Qom, sin obtener respuesta fueron desalojados entre la policía y La Cámpora.

La impunidad y la persecución a los que luchan cuenta con la participación de la burocracia sindical apañada por el gobierno. Desde este acto, a seis días de cumplirse ocho meses del crimen de Mariano Ferreyra -caído en la lucha contra la burocracia y contra la tercerización laboral- celebramos la victoria popular que significa haber llevado a la cárcel a algunos de los autores materiales de su asesinato y a sus mentores, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y Pablo Díaz. Al mismo tiempo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha para que paguen todos los responsables -lo que incluye a los empresarios, policías y funcionarios cómplices de los patoteros-, para que Pedraza y sus matones sean efectivamente condenados, y para terminar con el régimen negrero de las tecerizaciones.

Más de cuatro años después del fusilamiento del luchador docente y militante revolucionario Carlos Fuentealba en Neuquén, sólo está preso el asesino Poblete, mientras los que ordenaron la represión siguen gobernando la provincia, donde también sigue impune el asesinato del militante Lázaro Duarte a manos de patotas del MPN. Mientras Sobisch y los responsables políticos de los asesinatos están libres de culpa y cargo, se condena a los compañeros que repudiaron el crimen. El actual gobernador Jorge Sapag es el garante de la impunidad de Sobisch y es otro aliado del Gobierno Nacional.

Denunciamos la existencia de un aparato represivo impune que es heredero del golpe militar del ¨76, que sigue actuando animado por los mismos intereses económicos y sociales, lo que provocó desde 1983, 51 manifestantes muertos en movilizaciones populares y que desde la era Kirchner suma 847 muertos por  casos de gatillo fácil. Los juicios a represores 30 años después llegan sólo a un grupo reducido de genocidas, aislados de sus conexiones con el poder político, capitalista y clerical. Luchamos por perpetua para los miles de implicados.
Más de 5.000 luchadoras y luchadores están procesados. El Gobierno alienta el juicio contra militantes populares, sociales  y políticos; asambleístas, ambientalistas en Guleguaychú, Vicente Lopez, Andalgalá y Famatina; piqueteros y piqueteras; ex delegados del Casino; Subte; trabajadores y trabajadoras de Kraft, trabajadores ferroviarios, vendedores ambulantes y estudiantes de la FUBA. El gobierno desata una cacería de brujas contra la organizaciones populares, los primeros casos testigos son la persecución a Roberto Martino, quien fue puesto en libertad recientemente por la lucha popular, y la condena a Fernando Esteche, Raúl “Boli” Lescano, y otros compañeros del MPR Quebracho, así como Raúl Abregó del Polo Obrero de San Juan. Desde este Puente exigimos la inmediata libertad de Carlos Olivera, La Gallega Karina Germano López, Jose Villalba y Manuel Arias, así como la anulación de las condenas y el desprocesamiento de todos los luchadores, entendiendo que cuando tocan a uno, tocan a todos.

Este nuevo aniversario nos encuentra denunciando la movilización de un enorme dispositivo represivo, a instancias del Gobernador Daniel Peralta, contra la huelga docente y los petroleros de Santa Cruz. Desde aquí compañeros y compañeras, nos hacemos parte de esa lucha, que también es nuestra, con la fortaleza  que solo la solidaridad de clase posee y les decimos que no están solos, que ningún luchador está solo, como nos enseño el ejemplo de Dario y Maxi.
Los reclamos que levantamos el 26 de junio de 2002, como en tantas otras, están hoy tan vigentes como ayer. Digan lo que digan los dibujos del Indec, la inflación galopante ha hecho caer millones de argentinas y argentinos bajo la línea de pobreza sólo en el último año, muchos de ellos trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos jóvenes desocupados. El reclamo de un trabajo para cada desocupado y desocupada, de un subsidio igual a la canasta alimentaria, de un salario equivalente a la canasta familiar, de acabar con la flexibilidad laboral y el trabajo en negro, se hacen cada día más urgentes, no sólo en las barriadas del sur bonaerense en las que militaban Darío y Maxi, sino también en todo el país. Denunciamos la política económica del gobierno que enriquece a las grandes empresas multinacionales, a los pooles de siembra con los grandes negocios de la soja, que entrega nuestros bienes comunes naturales, y que se sostiene en base a la pobreza y el trabajo precarizado de miles de compañeros y compañeras.
Hoy los pueblos siguen levantándose y mostrándonos el camino, enfrentando las crisis capitalistas que  generan y nos quieren hacer pagar. Los gritos de indignación y resistencia, las rebeliones populares, recorren el mundo, desde Medio Oriente y el Norte de África hasta la vieja Europa, donde se vuelcan millones a las calles para decir ¡basta! En nuestra América Latina los pueblos siguen resistiendo y acumulando fuerza frente a las embestidas imperialistas, como lo demuestra la gran movilización del pueblo hondureño contra el golpe de estado del 28 de junio de 2009.

El gobierno nacional favorece al capital financiero pagando la ilegal, ilegítima y fraudulenta deuda externa cuando vuelve a haber muertos por desnutrición, brotan epidemias que hacen estragos en la niñez, y hay 5,5 millones de jubilados con la jubilación mínima de $1200, a la vez que saquea la ANSES para obtener los recursos para el pago de la deuda y subsidiar a los bancos y empresas con los aportes sociales de las trabajadoras y los trabajadores.

Sus aliados son los Soria, los Insfrán, los Otahecé, el MPN, es decir, lo más nefasto de la política nacional, llegando al límite de poner como candidato a senador al mismísimo Carlos Menem.
Después de  haber anunciado que otorgaría miles de puestos en el Programa Argentina Trabaja sobre millones de desocupadas y desocupados, sólo han inscripto a una mínima parte en el conurbano y una vergonzosa cifra en algunas pocas provincias del interior. El Gobierno coloca el Programa bajo control del aparato de punteros de los intendentes y las organizaciones oficialistas. Luchamos por trabajo para todos y todas, por la universalización del Programa sin clientelismo, y reclamamos el aumento de los salarios, el pago de cargas sociales, la entrega de ropa y elementos de trabajo y seguridad. Reclamamos  plenos derechos de organización sindical para luchar por nuestras reivindicaciones laborales.
Seguimos señalando que el subsidio por hijo no llega a todas las familias que lo necesitan ni a todos los hijos de los beneficiarios. Su monto está congelado y carcomido por la inflación, y en vez de incorporarlo al presupuesto el gobierno lo financia con los aportes de las y los trabajadores a la ANSES. Asimismo el gobierno ha eliminado y vaciado otros planes sociales, recortando la asistencia a comedores escolares y populares, y a la juventud de las barriadas.
Frente a esta situación reclamamos un subsidio al desocupado igual al costo de la canasta alimentaria; que se reabran las paritarias; por un aumento mínimo del 35%; un salario igual a la canasta familiar para las y los trabajadores del campo y la ciudad; el 82% móvil para las jubilaciones; y que se ponga en marcha un verdadero plan de vivienda popular y obras públicas.
Hoy más que nunca levantamos bien altas las banderas del movimiento piquetero y de trabajadores desocupados, de la clase obrera de conjunto, de las y los estudiantes, del movimiento de los campesinos pobres, de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y de los pueblos originarios. Seguimos en la calle por nuestros reclamos de terminar con la explotación y la miseria, y contra la represión del estado y por justicia para nuestras compañeras y compañeros que cayeron en el curso de esta lucha.
Desde este histórico Puente le decimos a los Duhalde, a los Kirchner, a los Scioli, a los Macri, a los Alfonsín y a los De Narváez, y a todos los que hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir peleando por trabajo, por salario, por vivienda, salud y educación.
Repudiamos el intento del gobierno de manipular el histórico reclamo de justicia mientras mantiene el aparato represivo y criminaliza la protesta social.

Reivindicamos la independencia de las organizaciones populares frente al Estado y los partidos patronales, y repudiamos la política de cooptación oficial que desnaturaliza y destruye organizaciones que son emblema de la lucha popular, como demuestran los casos de Schoklender y el Inadi.
Frente a la continua agresión al pueblo trabajador, oponemos memoria, denuncia, programa y lucha. Vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, por los 30 mil desaparecidos, por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales; los más de 3 mil asesinados por “gatillo fácil” desde 1983; y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria, desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el compromiso con la compañera y el compañero junto al que salimos a luchar, y la intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.



A 9 Años de la Masacre de Avellaneda
  • JUSTICIA PARA MAXI Y DARIO
  • DE DUHALDE A LOS KIRCHNER 9 AÑOS DE IMPUNIDAD
  • JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS Y MATERIALES DE LA MASACRE DE AVELLANEDA
  • CARCEL YA A DUHALDE, SOLA , FERNANDEZ , VANOSSI, JJ ALVAREZ, SORIA.
  • CARCEL A PEDRAZA Y LAS PATOTAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. BASTA DE BUROCRACIA SINDICAL.
  • CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE LOS COMPAÑEROS QOM Y LOS CAIDOS EN EL PARQUE INDOAMERICANOS
  • JUICIO Y CASTIGO A LOS RESONSABLES DE LOS ASESINATOS Y LA REPRESIÓN POLICIAL EN BARILOCHE.
  • EXIGIMOS LA APARICION CON VIDA DE JULIO LOPEZ Y LUCIANO ARRUGA.
  • LIBERTAD A  LOS PRESOS POLITICOS, CARLOS OLIVERA, LA GALLEGA KARINA GERMANO LÓPEZ, JOSE VILLALBA Y MANUEL ARIAS.
  • DESPROCESAMIENTO, CIERRE DE LA CAUSAS Y ANULACION DE LAS CONDENAS DE LOS MAS DE 5.000 LUCHADORES POPULARES.
  • POR EL TRIUNFO DE LOS TRABAJADORES DE SANTA CRUZ. FUERA LA GENDARMERÍA Y LAS PATOTAS CON LAS QUE TERCERIZAN LA REPRESIÓN.
  • BASTA DE PRECARIZACION LABORAL Y PERSECUCION POLÍTICA A LOS LUCHADORES POPULARES.
HOY COMO SIEMPRE
¡¡¡¡DARÍO SANTILLÁN, PRESENTE!!!!!
¡¡¡¡ MAXIMILANO KOSTEKI, PRESENTE!!!!!

REABRIR "LAS CASITAS" DE RÍO GALLEGOS ES LEGALIZAR LA TRATA DE PERSONAS

Buenos Aires 24 de Junio(La Alameda).-Los tres jueces que integran la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia resolvieron la reapertura del barrio prostibulario más grande del país. Con esa resolución, benefician así a la mafia de la trata de mujeres y niñas que nutren la más abyecta explotación sexual en el barrio “Las Casitas” de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz.
Pese a que en la Argentina los prostíbulos, el proxenetismo y todo tipo de explotación sexual por cuenta ajena esta prohibida según una ley nacional y dos convenios internacionales ratificados por el Congreso Nacional, los camaristas hicieron caso omiso a la legislación vigente y dieron luz verde a la reapertura de las casitas el pasado 15 de junio.

Para lograrlo el presidente de la Cámara Federal, Santiago Bernardo Kiernan, la vicepresidente, Hebe Lilia Corchuelo de Huberman, y el vocal, Javier María Leal de Ibarra, tuvieron respaldo de un sector del poder político nacional y provincial que buscan disimular el proxenetismo bajo la inocente figura de wiskeria o cabaret. Ya en mayo se venía anticipando el fallo que firmaron los camaristas. Por esa época en los medios santacruceños ya se anticipaba que “Las Casitas” iban a reabrir y para ello derribarían la sentencia de primera instancia que lo mantuvo por dos años clausurado. Los camaristas en Chubut no sólo desoyeron la ley nacional de Profilaxis y lo investigado por la jueza Ana Cecilia Álvarez, sino que también omitieron lo investigado por otros magistrados del país que han intervenido en los prostíbulos de “Las Casitas” con allanamientos para rescatar a mujeres traficadas y luego esclavizadas.
Trata y esclavitud demostrado por jueza del Chaco

Hubo una aguda investigación con consecuencias penales en las casitas llevada adelante por la Jueza Federal del Chaco, Zunilda Niremperger poco antes de la denuncia de la Fundación Alameda en junio del 2009. La magistrada rescató a dos mujeres esclavizadas en el cabaret “El Deseo” de “Las Casitas”. Todo nació en febrero de 2009 cuando Marcelo Alberto Flores radicó una denuncia haciendo saber que su novia C.Z, viajó hasta Resistencia a trabajar pero que luego la situación cambió drásticamente. El hombre empezó a recibir mensajes de texto de su novia. Ya no estaba en la capital del Chaco sino secuestrada en un prostíbulo de “Las Casitas” camuflado como cabaret con el nombre “El Deseo”.

Según la investigación de la jueza Niremperger del celular del denunciante se pudo leer los siguientes mensajes: “VOS N ME ENTENDES K T DIJE K N ABLE Y YA LO ISISTE VOS KERES K MR YEVEN MI CUERPO EN PEDAZO XQ SI ABLA ME VAN HACER ESO Y YO I OTRA CHIKA YA ISIMO UNA COPIA D LA YAVE PARA ESCANDO UNA D ESTA NOCHE PERO KEREM ASER PLATA PARA NUESTRO PASAJE. ME ENTENDES. N ABRA T BOKA”. Esta información refleja el terror a perder la vida que viven las mujeres dentro de Las Casitas donde están sometidas. Ya el 14 de febrero, a las 15.04, el denunciante recibe otro mensaje de C.Z. “AKIEN LE DIJISTE XQ EL DUENIO LE PAGA A LA POLISIA LO KE VA ASER K ME AGAN ALGO”, aquí queda demostrado en la causa judicial la connivencia policial. Y hubo un tercer mensaje el 16 de febrero, a horas 15:33, “SI Y K ESO ES K TE DIGO K YA N AGUANTO MAS XQ ME DIJERO UNA COSA AY EN RESITESI Y AKA ES OTRA COSA…” donde queda evidenciado la desesperación de quien fue engañada en una clara técnica que usan los tratantes de personas.

La Jueza Federal del Chaco tras los mensajes ordenó el allanamiento según el art. 132 bis del Código Penal modificado por el artículo 14 del la ley 26.364, sobre el local “El Deseo” sito en calle El Ceibo de la ciudad de Río Gallegos. En el allanamiento C. Z. fue retirada del lugar y puesta a resguardo mientras que se detuvo al proxeneta y dos mujeres más que estaban en el lugar. De la pesquisa de todos los ambientes se constató que una habitación anexa cerrada con llave, que tenia el proxeneta propietario Luís Alberto Díaz, había otra mujer L. CH. también esclavizada que expresó querer ser rescatadas.

Las chicas, según la investigación de la jueza, habían sido captadas. Una en la provincia de Santa Fé y la otra en Resistencia por una persona cuya actividad habitual era captar chicas para mandar a los distintos prostíbulos del sur, de Córdoba, y de la provincia de Bs. As. Con engañó diciéndole que les iba a conseguir un trabajo

Que sepan los camaristas que reabrieron “Las Casitas” que los imputados y detenidos por la explotación y trata de dos mujeres en esos prostíbulos son: Soledad Monzón Elba Noemí Giménez, Graciela Beatriz Ocampo y Luís Alberto Díaz, fueron procesados en orden al delito previsto y reprimido por el Art.145 Bis del C.P. inc “2do.”, Incorporado por la Ley 26364 en concurso real (Art. 44 del C.P.). La causa ha sido elevada al Tribunal Oral de Resistencia.

La jueza del Chaco pidió explicaciones al Secretario de Gobierno provincial y al intendente municipal de Río Gallegos sobre la habilitación y condiciones de funcionamiento del “Deseo”, y luego de mucha insistencia de la justicia para lograr una respuesta formal tuvieron que reconocer que no esta habilitado.

 Apoyos y rechazos políticos

Ante estas pruebas y las que aportaran luego las filmaciones de la Alameda y el programa Documentos América, Raúl Cantín, candidato a intendente de Río Gallegos por el PJ y ex presidente del Consejo Deliberante, sigue reivindicando a las casitas y sostiene que nunca tendría que haber cerrado, en una increíble apología del delito.


En tanto el secretario de Gobierno municipal, Ernesto Cruz parece más preocupado por camuflar el proxenetismo bajo el disfraz de cabaret clase C con régimen de alternadoras. Otra patraña para encubrir la explotación sexual, ya que jamás en “Las Casitas” exigió el régimen de alternadoras, que dispone entre otras medidas que solo inviten una bebida a los hombres, pero ninguna acción más.

De cualquier modo, a pesar del sector político que defiende el proxenetismo tratanto de disfrazarlo de otros rubros, Río Gallegos ya no es la sociedad enmudecida de hace dos años. Varias voces de alzaron estos días protestando contra el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia e incluso en las editoriales de los diarios locales hubo una aguda crítica a la doble moral de algunos políticos y a la ilegalidad del fallo. Mientras tanto, y a contrareloj, la Procuración General de la Nación luego de la protesta de la Alameda ante Esteban Righi, envío urgentes instrucciones al fiscal de Cámara en Chubut, Horacio Arranz, para que efectúe las apelaciones correspondientes.




La movilización y denuncia generó que hasta un alto funcionario provincial hiciera público el rechazo de la habilitación de “Las Casitas”. El secretario de Estado y Derechos Humanos, Humberto Quiñones, antes partidario del reglamentismo de la infame explotación sexual, sostuvo este jueves 23 que “sería una desgraciada medida la apertura de los burdeles”.

La batalla contra las mafias que esclavizan y trafican personas lejos está de haber sido perdida.




FELIX DIAS FUE ELEGIDO COMO REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD QOM PARA LA MESA DE DIALOGO

El Bolsón (ANPP).-La comunidad Qom de Colonia La Primavera, en la provincia de Formosa, eligió hoy a Félix Díaz como el representante para la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno nacional, que busca encontrar una solución por la propiedad de tierras.

El proceso electoral comenzó hoy a las 8 de la mañana y esta noche se conoció que de las 1.256 personas que estaban habilitadas para votar, 610 lo hicieron a favor de Díaz, 369 a favor de Cristino Sanabria y 5 emitieron su voto en blanco.

La comunidad votó en absoluta normalidad en cinco mesas mixtas habilitadas en dos escuelas.

En un marco de extremas medidas en favor de lograr la mayor transparencia, funcionarios del Ministerio del Interior de la Nación, de Gobierno provincial y efectivos de Gendarmería Nacional controlaron los comicios y asistieron a los electores para evacuar todas las dudas.

"Todo marchó de manera satisfactoria" aseguró Mirta Baravalle, de Abuelas de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, observadora de los comicios.

También estuvo presente el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para quien estas elecciones son "un punto de inflexión. El paso electoral es muy importante. Lástima que se haya llegado a un conflicto donde hubo muertos y heridos".

El candidato Cristino Sanabria, hijo del cacique homónimo de 95 años, es el titular de la Asociación Civil La primavera reconocido por la administración de la provincia.

Félix Díaz lideró el reclamo de tierras desde 2010 y el acampe en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, este año, que derivó en un acuerdo para abrir una mesa de diálogo entre representantes de los Qom y de los gobiernos nacional y provincial.

Conocidos los resultados, que esperó en su casa, Díaz dijo que "fue un triunfo de la comunidad" y opinó que "las cosas que no se hacen, no se hacen porque no se reclaman".

La comunidad Qom de Colonia La Primavera, en la provincia de Formosa, eligió hoy a Félix Díaz como el representante para la Mesa de Diálogo convocada por el gobierno nacional, que busca encontrar una solución por la propiedad de tierras.